EFE.- Irán intensificó en 2023 la represión de las mujeres y las niñas que desafiaban las leyes sobre el uso obligatorio del velo, entre otras violaciones de los derechos humanos, subrayó este miércoles Amnistía Internacional (AI).

En su informe anual sobre la situación global de los derechos humanos, AI señaló que las autoridades iraníes continuaron tratando a las mujeres como “ciudadanas de segunda clase” en ámbitos legales y sociales, a lo que se sumó la represión por el uso del velo.

“Las autoridades intensificaron la represión en todo el país contra las mujeres y las niñas que desafiaban la obligatoriedad del velo, introduciendo políticas que vulneraban sus derechos sociales, económicos, culturales, civiles y políticos, y restringieron su libertad de circulación”, indicó la ONG.

Muchas mujeres iraníes han dejado de usar el obligatorio velo islámico como forma de protesta y desobediencia civil desde la muerte en septiembre de 2022 de Mahsa Amini, tras ser detenida precisamente por llevar mal puesto el hiyab, lo que provocó fuertes protestas en el país.

Esta campaña de represión se llevó a cabo con la inmovilización de vehículos de mujeres que circulaban sin cubrirse, la negación del acceso al empleo, salud o empleo público, además de multas y castigos como lavar cadáveres.

En estas circunstancias, miles de niñas fueron envenenadas entre enero y abril “a consecuencia de unos ataques deliberados con gases químicos contra escuelas femeninas de todo el país que parecían constituir una campaña coordinada con la que castigarlas por quitarse el hiyab obligatorio durante la sublevación de 2022”.

Además, prosiguió la represión por la fuerza de las protestas, las detenciones arbitrarias, los encarcelamientos injustos, las desapariciones forzadas y la tortura.

Las personas LGBT+ y las minorías étnicas y religiosas sufrieron asimismo discriminación y violencia sistémicas y se intensificó el uso de la pena de muerte como herramienta de represión política.

Irán asesinó al menos a 834 personas en 2023, un 43% más que el año anterior y la cifra más alta desde 2015, datos de la ONG Iran Human Rights (IHRNGO), organización con sede en Noruega.