¡Síguenos!La reforma busca que la CFE se integre como un solo organismo del Estado en forma vertical y horizontal, por lo que se suprime la separación legal de sus empresas subsidiarias y filiales; y que el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) con sus funciones y atribuciones se reincorpore a la CFE, en lo que corresponda.
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También se establece que la CFE quede a cargo de los procedimientos para despachar sus centrales por mérito económico, cumpliendo con criterios de confiabilidad, continuidad y estabilidad; que los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad con el sector privado, se cancelen, así como las solicitudes pendientes de resolución.
Además, la iniciativa pide que la CFE desarrolle el despacho económico de unidades de generación eléctrica, considerando la participación en por lo menos el 54 por ciento de la energía eléctrica requerida por el país, y de las centrales eléctricas del sector privado hasta el 46 por ciento.
Los diputados revisarán los cambios que Morena hizo de inicio al dictamen, que incluyen un nuevo artículo transitorio, el octavo, que precisa que se reconocen los contratos de generación distribuida existentes y se mantienen las condiciones vigentes para nuevos contratos hasta 0.5 megawatt.
Se precisa la inversión que se respeta, que se reconoce, que no se impugna, a la que se le da a una categoría de legalidad de las empresas privadas, nacionales y extranjeras.
Aclara que se respetarán “las centrales que han producido generación eléctrica de los llamados productores independientes que no hayan tergiversado permisos ni sobrepuesto condiciones a los contratos; las centrales que hayan estado despachando para autoabastecimiento auténtico, no para revender a socios que no lo son en realidad, sino clientes”.
Se establece que “los ayuntamientos y organizaciones del sector social sin fines de lucro podrán celebrar contratos para el autoconsumo con la generación distribuida, hasta por 1.0 megawatt cumpliendo los requisitos que establezca la CFE”.
Se agrega al artículo 4º de la Constitución que “toda persona tiene derecho al suministro de energía eléctrica suficiente para su subsistencia”.
Sobre la incertidumbre en torno al litio y “otros minerales estratégicos”, se indica en los transitorios que se definirá en la Ley Minera.
También se incluyen nueve propuestas de las 12 que la oposición presentó en su coalición Va por México, que garantizan la reducción de tarifas eléctricas, mediante la modificación del esquema tarifario, para beneficiar al alumbrado público en municipios, así como en materia de agua potable y al bombeo agrícola.
Con estas propuestas -se indica- se garantiza la transición energética con la participación de los sectores público, privado y social; se acepta “corregir errores y excesos del pasado”, referente a los abusos de las empresas; se incluye que los pequeños negocios participen en la generación distribuida.
Además, se precisa que se fortalezca la CFE, se le otorgue autonomía presupuestal y de gestión, que cuente con órganos de gobierno, conservando siempre la rendición de cuentas como organismo público supervisado por el Poder Legislativo, concretamente por la Cámara de Diputados.
Se establece el uso de energías renovables con financiamiento de la banca de desarrollo; se garantiza la creación de instrumentos para generar energías limpias.
