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Fallo limita aplicación de la IEEPA en política comercial
La Corte Suprema de EE.UU. determinó que el Gobierno de Donald Trump se extralimitó al invocar poderes de emergencia para imponer aranceles a socios comerciales del país. El fallo, emitido el viernes 20 de febrero de 2026, representa uno de los primeros grandes reveses judiciales del segundo mandato del mandatario republicano.
Con una mayoría clara de 6-3, el tribunal —de perfil conservador— sostuvo que la Administración no posee facultades inherentes en tiempos de paz para aplicar gravámenes con base en la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) de 1977, norma utilizada como eje jurídico de su política comercial.
El presidente del Tribunal, John Roberts, afirmó en nombre de la mayoría que permitir esa interpretación implicaría delegar de forma excesivamente amplia el poder tributario que la Constitución reserva al Congreso. Para el Supremo, los aranceles constituyen un tipo de impuesto que impacta directamente a los ciudadanos.
Los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh discreparon. En su opinión, la IEEPA puede emplearse en asuntos de política exterior y no debería limitarse la autoridad presidencial en este ámbito.
La resolución no impide que Trump imponga gravámenes bajo otras leyes. Funcionarios de la Administración han señalado que buscarán sostener el marco arancelario con nuevos fundamentos jurídicos. No está claro si los importadores que pagaron aranceles elevados podrán reclamar reembolsos, que ascienden a varios miles de millones de dólares.
Trump sostuvo que sería “muy decepcionante” que se declarara ilegal la implementación de gran parte de los aranceles, que considera clave para el éxito económico de su Gobierno y como herramienta de presión internacional. También admitió que sería “prácticamente imposible” devolver las cantidades cobradas.
En agosto pasado, tras la demanda de dos pequeñas empresas importadoras, una corte de apelaciones del Circuito Federal concluyó que Trump no tenía autoridad para imponer los llamados “aranceles recíprocos”, que iban del 50 % aplicado a Brasil e India al 10 % fijado para el Reino Unido y la mayoría de países latinoamericanos. Tampoco avaló el gravamen del 25 % sobre productos de Canadá, China y México por el ingreso de fentanilo. Sin embargo, permitió que el caso llegara al Supremo sin suspender los cobros.
