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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este miércoles que el gobierno de Donald Trump cerrará uno de sus consulados en México, al considerar que la cantidad de visas aprobadas es insuficiente para mantener una oficina permanente en funcionamiento.
Durante una comparecencia ante la Cámara de Representantes, Rubio explicó que la actual administración ha impulsado un proceso de consolidación de operaciones en distintas representaciones diplomáticas estadounidenses alrededor del mundo. En ese contexto, señaló que se han identificado oficinas donde el volumen de trámites aprobados ya no respalda la permanencia de una sede a tiempo completo.
El funcionario precisó que las autoridades detectaron representaciones diplomáticas en las que la cantidad de permisos autorizados “no justifica mantener una oficina permanente a tiempo completo”, argumento que sustenta la decisión anunciada este miércoles.
De manera paralela, medios estadounidenses informaron a principios de mayo que el Departamento de Estado inició una revisión de los 53 consulados mexicanos en Estados Unidos, una medida que podría derivar en el cierre de algunas de esas oficinas. La información fue atribuida a un funcionario que habló bajo condición de anonimato debido a que no estaba autorizado para realizar declaraciones públicas.
Hasta ahora no se ha informado un motivo específico para justificar dicha revisión ni se han detallado las posibles consecuencias administrativas o diplomáticas que podría generar. CBS News fue el primer medio en reportar el proceso.
El anuncio ocurre en un momento de atención política entre ambos países. La presidenta Claudia Sheinbaum ha buscado mantener una relación sólida con Trump mientras el gobierno mexicano intensifica acciones contra el crimen organizado.
En las últimas semanas también se han registrado episodios que aumentaron la presión política. Primero, dos agentes de la CIA murieron en un accidente tras el desmantelamiento de un laboratorio clandestino en Chihuahua. Posteriormente, Estados Unidos acusó formalmente a 10 funcionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, entre ellos el gobernador morenista Rubén Rocha Moya.
