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De acuerdo con el reporte del 22 de enero, la Secretaría de Salud del Estado (SESA) confirmó 59 personas recuperadas, 20 fallecimientos y 108 casos positivos de Covid-19 de tlaxcaltecas identificados en el estado y 11 en otras entidades.
De esta manera, el estado registra nueve mil 313 personas recuperadas, 13 mil 251 casos positivos y mil 729 fallecimientos. La dependencia informó que de las defunciones, una se registró en la SESA y corresponde a una mujer de 63 años con hipertensión arterial sistémica.
En el IMSS fallecieron dos hombres de 52 y 40 años sin ninguna comorbilidad, dos mujeres de 74 y 90 años con diabetes mellitus e hipertensión arterial sistémica, dos masculinos de 78 y 70 años con hipertensión arterial sistémica, una mujer de 69 años con diabetes mellitus y obesidad, una mujer de 69 años con hipertensión arterial sistémica y obesidad, un hombre de 49 años con obesidad, un masculino de 53 años y un hombre de 55 años con diabetes mellitus, hipertensión arterial sistémica e insuficiencia renal crónica.
En el Issste fallecieron un masculino de 83 años con enfermedad pulmonar obstructiva crónica e hipertensión arterial sistémica, un masculino de 56 años sin ninguna comorbilidad, un masculino de 50 años y una mujer de 40 con diabetes mellitus, un masculino de 70 años con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma e hipertensión arterial sistémica; un masculino de 61 años y una mujer de 79 años con hipertensión arterial sistémica y un masculino de 45 años sin ninguna comorbilidad.
El estado registra, hasta este momento, 24 mil 365 casos negativos y mil 525 se encuentran en espera de resultado. Del total de casos positivos, cinco mil 669 se han registrado en la SESA, cinco mil 99 en el IMSS, mil 477 en el Issste y mil 06 en otros espacios médicos.
Mientras, del total de fallecimientos, 633 se han registrado en la SESA, 765 en el IMSS, 297 en el Issste, 11 en otras instituciones, uno en domicilio particular y 22 en hospital privado.
Hasta este momento, Tlaxcala registra dos mil 476 casos, Apizaco mil 625, Chiautempan 882, Huamantla 700, Zacatelco 616, Yauhquemehcan 444, Contla 415, San Pablo del Monte 351, Ixtacuixtla 320, Calpulalpan 317, Tetla 312, Totolac 286, Panotla 275, Tlaxco 269, Papalotla 252, Apetatitlán 250. Santa Cruz Tlaxcala 237, Tzompantepec 230, Xaloztoc 210, Teolocholco 189, Tepeyanco 171, Nativitas 168, Amaxac de Guerrero 150, Xicohtzinco 148, La Magdalena Tlaltelulco 142.
Tepetitla de Lardizábal 112, Xaltocan 108, Tenancingo 103. Tetlatlahuca 87, Terrenate 80, Nanacamilpa 79, Hueyotlipan 77, Ayometla 76, Tetlanohcan 73, Santa Ana Nopalucan 70, San Juan Huactzinco 67, El Carmen Tequexquitla 65, Acuamanala 61, Ixtenco 57, Cuapiaxtla y Cuaxomulco 56, Tocatlán 54, Axocomanitla 50, Atltzayanca 43, Zitlaltepec y Xiloxoxtla 38.
Zacualpan 37, San Damián Texoloc y San José Teacalco 34, Atlangatepec 33, Sanctórum y Muñoz de Domingo Arenas 32, Mazatecochco 29, Santa Cruz Quilehtla 25, Santa Apolonia Teacalco 24, Españita 23, San Lucas Tecopilco 22, Lázaro Cárdenas 20, Benito Juárez 13 y Emiliano Zapata 8.
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La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Tlaxcala (Coeprist) y la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), en conjunto con instancias federales y municipales, suspendieron reuniones sociales y establecimientos que no cumplían con las medidas preventivas para evitar contagios de Covid-19.
Como parte de las acciones del Operativo Coordinado para disuadir actividades que pongan en riesgo la salud de la población, se realizaron recorridos en municipios de la zona norte y sur del estado para atender denuncias ciudadanas.
En apego a las atribuciones que les confieren la Ley General y Estatal de Salud, en el municipio de Apizaco, personal de la Coeprist y CEPC arribaron al salón de eventos “Imperial”, ubicado en la colonia Loma Florida I, donde se celebraba una fiesta de XV Años para suspender el inmueble.
En el lugar, se verificaron las instalaciones físicas del salón, se desalojó a las personas que se encontraban en su interior y revisó la documentación del establecimiento.
Asimismo, en el restaurante-bar “Blue King”, ubicado en la Avenida Moctezuma, la CEPC, colocó sellos de suspensión por no respetar el horario de funcionamiento y no contar con la documentación correspondiente para operar.
Mientras, en el establecimiento “La tóxica bar-snack”, ubicado en la Avenida Cuauhtémoc de Apizaco también se colocaron sellos de suspensión por no acatar las medidas preventivas.
En tanto, en Xicohtzinco se suspendió el armado de una estructura para una fiesta de 3 años que se celebraría en un domicilio particular, el personal de las dependencias estatales exhortó a las familias a evitar la concentración de personas y cumplir con las medidas preventivas ante la pandemia.
Posteriormente, en la misma demarcación se desalojó a los consumidores que se encontraban en el “Bar La Luna”, ubicado en la calle Adolfo López Mateos, y a los dueños del lugar se les entregó una recomendación por escrito para que cumplan con las medidas sanitarias.
Más tarde, en el Barrio de Guardia, en Zacatelco, se suspendió la Pulquería "Pare de Sufrir" y se desalojó a las personas que estaban consumiendo bebidas y alimentos.
En su oportunidad, Nestor Flores Hernández, Comisionado de la Coeprist, informó que el operativo tiene como objetivo disuadir concentraciones masivas que pongan en riesgo la salud de la población, entre ellos fiestas, reuniones, bailes o establecimientos que no cumplan las disposiciones.
El funcionario estatal resaltó la importancia de que la población fortalezca las medidas preventivas como el uso de cubrebocas, lavarse las manos, usar gel antibacterial, distancia física, respetar los lineamientos al visitar algún establecimiento comercial, limpiar superficies de forma periódica y no acudir a eventos masivos, entre otras.
José Antonio Ramírez Hernández, Coordinador Estatal de Protección Civil, señaló que a través del operativo se invita a la gente a que no se realicen eventos donde exista una gran concentración de personas para prevenir contagios por Covid-19, al tiempo que invitó a la población a que si detectan la organización de alguno lo denuncien a través de la línea telefónica 9-1-1, la cual funciona las 24 horas del día.
Ramírez Hernández detalló que en la estrategia participan, además de la Coeprist y CEPC, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Guardia Nacional y la 23 Zona Militar, así como visitadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), con la finalidad de vigilar que no se violan los derechos de las personas.
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-La secretaria de la Función Pública, Amanda Gómez compareció ante las y los diputados integrantes de la Comisión Inspectora del Congreso del Estado
Leer más: Combate Gobierno del Estado la corrupción y garantiza la transparencia
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Como parte de la Glosa del Segundo Informe de Labores del gobernador Miguel Barbosa Huerta, la secretaria de la Función Pública (SFP), Amanda Gómez Nava destacó que, derivado de 710 denuncias recibidas por actos u omisiones que pudieran vincularse con faltas administrativas cometidas por servidores o exservidores públicos, hay abiertos 552 expedientes en los Órganos Internos de Control, en los cuales también se investigan hechos cometidos en este rubro.
Ante las y los diputados integrantes de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado del Congreso local, la funcionaria informó que, de diciembre de 2019 al mismo mes de 2020, también fueron abiertos 39 expedientes en contra de servidores públicos de anteriores gobiernos, de los cuales, 32 se investigan con la probable comisión de faltas administrativas graves, lo que ha derivado en la presentación de denuncias penales ante las autoridades competentes.
Para el fortalecimiento de las tareas de fiscalización y con el objetivo de abatir el rezago de observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación en ejercicios anteriores, Gómez Nava dijo que la dependencia a su cargo emitió 35 dictámenes técnicos con observaciones por un monto de 236 millones 537 mil 570 pesos, como resultado de las visitas de inspección a obras ejecutadas con recursos federales en 25 municipios de la entidad; además, realizó 49 visitas de verificación a dependencias ubicadas en el Área Metropolitana de Puebla, para la mejora del servicio público.
Con el propósito de transparentar la aplicación de recursos públicos en la ejecución de programas sociales, refirió que la SFP realizó un total de 16 mil 295 acciones en materia de contraloría social en 147 municipios.
También, dijo, organizó la Primera Reunión Plenaria de la Comisión Permanente de Contralores Estado–Municipios Puebla 2020, la cual contó con la participación de 130 Contralores Municipales y servidores públicos estatales municipales.
Asimismo, dijo, el Gobierno del Estado atendió a 2 mil 501 personas, a través de la línea telefónica 800-46-63-786, a fin de brindarles orientación para la realización de diversos trámites y servicios y en algunos casos iniciar las investigaciones correspondientes sobre diversos temas.
La secretaria de la Función Pública resaltó que, de diciembre de 2019 a diciembre de 2020, fueron capacitados en línea 235 servidores públicos representantes de la Administración Pública Estatal, fueron integrados 40 Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés y fue implementada la plataforma electrónica denominada #PROintegridad, cuyo propósito es brindar a la ciudadanía una herramienta tecnológica para llevar a cabo procedimientos de denuncia o inconformidad en contra de servidores públicos del gobierno de Puebla y particulares vinculados con faltas administrativas, así como también para la presentación de inconformidades en contra de actos en procedimientos de adjudicación o contratación pública, garantizando el anonimato del denunciante.
Finalmente, Gómez Nava precisó que, a fin de garantizar las mejores condiciones de contratación de bienes o prestación de servicios, en el periodo reportado se incorporaron al padrón de proveedores mil 492 empresas que comprobaron tener solvencia económica y legal.
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-La titular de la dependencia afirmó que, con responsabilidad y de manera transparente, se han gastado los recursos disponibles
- Castro Corro compareció de manera virtual ante la Comisión de Presupuesto y Crédito Público del Congreso del Estado
CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Para contribuir a una óptima relación entre el ingreso y el gasto, el Gobierno del Estado ha establecido una política fiscal sólida, que le ha permitido no contratar deuda y gastar con responsabilidad y de manera transparente los recursos disponibles, sostuvo la secretaria de Planeación y Finanzas, María Teresa Castro Corro.
Al comparecer de manera virtual ante la Comisión de Presupuesto y Crédito Público del Congreso del Estado, señaló que el Gobierno del Estado enfrenta obligaciones de pago a largo plazo por 48 mil 290.6 millones de pesos, contraídos en administraciones anteriores, que incluyen deuda pública directa y contingente, PPS y la plataforma de Audi, el CIS, el Museo Internacional del Barroco y la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA).
Apuntó que, para combatir la impunidad, se impulsó la prevención y detección de conductas que pudieran constituir delitos en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita; por lo que se han presentado 12 denuncias por un monto de mil 259.3 millones de pesos ante la Unidad de Investigación Especializada en Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la FGE, lo anterior como resultado de la investigación de 166 personas físicas y morales, identificando probables delitos fiscales e irregularidades que ascendieron a 2 mil 766 millones 836 mil pesos.
Ascendieron a más de 98 mmdp los ingresos totales
Derivado de las políticas implementadas durante 2020, los ingresos totales del gobierno estatal ascendieron a 98 mil 903 millones 813 mil pesos, cantidad superior a lo recaudado el año anterior en 3 mil 388 millones 662 mil pesos, precisó la funcionaria, quien, por otro lado, dio a conocer que la dependencia emitió 130 mil 512 requerimientos por la falta de pago de alguna contribución estatal o federal, para incrementar la percepción de riesgo ante el incumplimiento de los contribuyentes.
Por otra parte, en lo que se refiere a las contribuciones estatales, se concluyeron 3 mil 530 auditorías, lo que derivó en la corrección fiscal de mil 406 contribuyentes; estas auditorías se realizaron principalmente en los municipios de Puebla, Cuautlancingo, Coronango, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, Amozoc y Tehuacán, dirigidas a los siguientes sectores económicos: industrias manufactureras, construcción, comercio, restaurantes y hoteles, por mencionar algunos, dijo.
Fueron embargados 49.8 mdp de mercancía ilegal
Informó que, para impedir el trasiego de mercancías peligrosas o ilegales, la dependencia reforzó la vigilancia de la entrada de mercancías y vehículos de origen y/o procedencia extranjera al estado. En ese sentido, apuntó que, a través de las estrategias de verificación en materia de comercio exterior, se ejecutaron 253 actos en materia fiscal y aduanera, lo que derivó en el embargo de mercancía ilegal con un valor comercial de 49 millones 888 mil pesos.
Más de 743 mil automovilistas, al corriente de sus pagos vehiculares
Puntualizó que el año pasado el gobierno estatal continuó absorbiendo el costo del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, siempre y cuando los contribuyentes se encontraran al corriente con sus obligaciones y pagaran el Control Vehicular antes del plazo establecido, con lo que se benefició a los propietarios de 707 mil 829 vehículos y se generó un ahorro para los contribuyentes de mil 649 millones 256 mil pesos, permitiendo que 743 mil 306 unidades se encuentren al corriente en sus pagos.
Por otro lado, Castro Corro dijo que se emitieron 151 mil 984 licencias en todas sus modalidades, de las cuales 140 mil 488 corresponden a servicio particular y 11 mil 406 de servicio público mercantil. Adicionalmente, para la obtención de una nueva licencia, se efectuaron 61 mil 323 exámenes médicos, teóricos y toxicológicos; de estos exámenes, 49 mil 620 fueron aplicados a hombres y 11 mil 703 a mujeres.
Por último, afirmó que la administración estatal diseñó y puso en práctica un nuevo modelo de gobierno que prioriza la atención a la ciudadanía, con la finalidad de contribuir a una gestión eficaz en la administración y ejercicio de los recursos públicos, que garantice la transparencia en su actuar, la eficiencia en la gestión gubernamental y con una perspectiva de género.
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