Los voceros del candidato de la coalición Sigamos Haciendo Historia al gobierno del estado, Alejandro Armenta, descalificaron a los candidatos de la alianza Mejor Rumbo para Puebla, Eduardo Rivera Pérez y Mario Riestra Piña.

Señalaron una serie de inconsistencias en la declaración cinco de cinco presentada por el candidato del PAN a la gubernatura, Eduardo Rivera Pérez, evidenciando indicios de financiamiento ilegal con recursos provenientes de España, lo que ha llevado a solicitar la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para investigar estos presuntos ilícitos.

Durante una conferencia de prensa, Leobardo Rodríguez desglosó el enriquecimiento de Rivera Pérez entre 2014 y 2023, periodo durante el cual pasó de declarar 4.2 millones a más de 14 millones de pesos, gracias a sus funciones como edil y académico de una universidad privada.

Sin embargo, los ingresos declarados no concuerdan con los montos reales, y se menciona un posible enriquecimiento ilícito, incluyendo presuntos bienes de Liliana Ortiz Pérez, esposa del candidato, quien también es candidata a diputada federal sin haber declarado actividad económica reciente.

Por otro lado, el vocero Eduardo García Casas informó sobre indicios de financiamiento ilegal de la campaña de Rivera Pérez con recursos provenientes de España a través de la asociación "Hazte Oír", encabezada por Bernardo Arruabarrena García, en complicidad con Iñigo Ocejo, quien fungió como secretario de Administración Municipal durante la gestión del candidato panista Miguel Ángel López. Este financiamiento, considerado ilegal, podría resultar en una intervención de la UIF e incluso en la retirada de la candidatura por parte del Instituto Nacional Electoral (INE).

En relación a Mario Riestra Piña, candidato a edil por el PAN, Leobardo Rodríguez y Gabriel Biestro solicitaron una explicación pública sobre la adquisición de cuatro propiedades valuadas en 12.1 millones de pesos en Playa del Carmen, Isla Mujeres y Cancún, presuntamente propiedad de familiares suyos.

Afirmaron que estas adquisiciones, reveladas por investigaciones periodísticas con pruebas sustanciales, exigen una explicación transparente, ya que, de lo contrario, confirmarían la sospecha de que Riestra Piña y su familia se benefician del erario público y se enriquecen a costa de los ciudadanos poblanos.