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Busca adaptar el decreto federal de julio a políticas estatales medibles.
Propone un tablero público digital y estándares mínimos de búsqueda.
La diputada de Movimiento Ciudadano, Fedrha Isabel Suriano Corrales, presentó ante las y los integrantes de la LXII Legislatura del Congreso del Estado una iniciativa de reforma orientada a fortalecer la respuesta institucional frente a la desaparición forzada de personas, una problemática que calificó como una crisis humanitaria en curso.
Durante su exposición, la legisladora señaló que en Puebla permanecen más de 2 mil 900 personas desaparecidas o no localizadas, y advirtió que cuatro de cada diez son mujeres, mientras que más de 600 son niñas, niños o adolescentes. “La desaparición de personas no admite ambigüedades. Este es un llamado a la acción, a la técnica y a la humanidad. Los datos salvan vidas y la empatía también se legisla”, enfatizó.
La propuesta legislativa busca traducir el decreto federal publicado el 16 de julio de 2025 en políticas estatales medibles, verificables y transparentes, mediante la reforma de diversos artículos de la Ley de Búsqueda de Personas del Estado y de la Ley Orgánica Municipal.
Entre los ejes principales de la iniciativa, destaca la intención de sustituir el término “sin dilación” por plazos precisos y obligatorios para la activación inmediata de mecanismos de búsqueda. También plantea la creación de Estándares Mínimos de Operación para las células municipales, y el establecimiento de un tablero digital público con indicadores sobre acciones y resultados.
Asimismo, propone fortalecer el Consejo Ciudadano de la Comisión de Búsqueda, otorgándole facultades vinculantes, y obligar a los Ayuntamientos a digitalizar los registros de cuerpos inhumados, cremados o trasladados en panteones y servicios funerarios, con el fin de garantizar la trazabilidad y transparencia en los procesos.
Con este planteamiento, Suriano Corrales busca que Puebla adopte un modelo más técnico, ágil y verificable en la atención a las desapariciones, alineado con las nuevas disposiciones federales y con estándares de rendición de cuentas pública.
