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Investigación se remonta a su gestión como ministro de Economía
LA PAZ, Bolivia.— Un juez ordenó el viernes la prisión preventiva por cinco meses para el expresidente Luis Arce, investigado por un caso de presunta corrupción durante su etapa como ministro de Economía del gobierno de Evo Morales, entre 2006 y 2017.
Tras una audiencia virtual, el juez Elmer Laura determinó que el exmandatario, de 62 años, permanezca detenido en un penal de La Paz, mientras enfrenta acusaciones por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, delitos que en Bolivia contemplan penas de hasta seis años de cárcel.
El exgobernante socialista fue trasladado durante la noche al penal de San Pedro, una de las cárceles más grandes del país andino. Según la fiscalía, Arce autorizó en 2015, cuando ocupaba la cartera de Economía, el depósito de recursos del Fondo Indígena en cuentas particulares. Dicho fondo fue creado para financiar proyectos productivos en comunidades rurales e indígenas en situación de pobreza.
El caso salió a la luz en 2017, cuando se denunció que millones de dólares terminaron en cuentas privadas. Aunque fue considerado el mayor escándalo de corrupción durante la gestión de Morales (2006-2019), las investigaciones no avanzaron en ese momento.
Durante la audiencia, Arce afirmó desde instalaciones policiales, donde permanece detenido desde el miércoles, que su aprehensión fue “irregular e ilegal”. “No me mostraron una orden… Soy inocente. Es una persecución política”, declaró ante el juez.
La defensa sostuvo que Arce padece cáncer y que su salud corre riesgo en prisión. El juez señaló que debe recibir la atención médica necesaria y que su seguridad debe estar garantizada. Arce fue diagnosticado con cáncer de riñón en 2017, superó la enfermedad tras tratamiento en Brasil y mantiene controles anuales.
La investigación fue reabierta tras la llegada al poder del centroderechista Rodrigo Paz, quien aseguró que durante casi 20 años hubo un “saqueo” de fondos públicos. Aunque el daño no ha sido cuantificado, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, estimó un posible desfalco superior a 51 millones de dólares.
La fiscalía no descarta citar a Evo Morales, quien tiene una orden de detención desde el año pasado. La detención ocurre en un contexto de escasez de combustible y debate sobre la subvención a los carburantes, en medio de la peor crisis económica en 40 años.
