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En México, avances legislativos conviven con barreras persistentes para acceder a justicia efectiva.
La conmemoración del Día Internacional de la Mujer 2026 volvió a colocar el debate sobre los derechos de las mujeres en el centro de la conversación pública en México, en un contexto donde Naciones Unidas llamó a acelerar las acciones necesarias para convertir en realidad la igualdad jurídica y el acceso efectivo a la justicia.
A cuatro años del plazo fijado por la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el organismo internacional señaló que los avances legales registrados en el país reflejan transformaciones relevantes. Sin embargo, advirtió que persisten desafíos estructurales que impiden que las leyes se traduzcan plenamente en protección real para las mujeres.
El panorama global ofrece un marco inquietante. En promedio, mujeres y niñas poseen solo el 67 por ciento de los derechos legales que tienen los hombres en el mundo. De mantenerse el ritmo actual de cambio, esa brecha de género podría tardar casi tres siglos en cerrarse.
Dentro de ese escenario internacional, México aparece como un país que ha impulsado reformas legales significativas durante los últimos años. Entre ellas se encuentran modificaciones constitucionales y cambios legislativos orientados a ampliar la protección jurídica de las mujeres.
Pese a estos avances institucionales, las estadísticas muestran que los obstáculos para acceder a la justicia siguen presentes en la vida cotidiana de muchas mujeres.
Datos citados por Naciones Unidas indican que solo 13.1 por ciento de las mujeres que experimentaron violencia física o sexual por parte de su pareja presentó una denuncia ante alguna autoridad.
Las razones para no denunciar son diversas. El miedo, la estigmatización social, la revictimización institucional, el desconocimiento de los mecanismos legales disponibles y la desconfianza en las instituciones continúan actuando como barreras.
La impunidad persistente también desalienta las denuncias y debilita la eficacia de las leyes diseñadas para proteger a las víctimas de violencia de género.
Frente a este escenario, Naciones Unidas subrayó que superar estas barreras exige fortalecer la coordinación institucional entre las autoridades responsables de procurar e impartir justicia.
El organismo también planteó garantizar procesos accesibles, oportunos y sensibles a la diversidad de las mujeres, con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género e interculturalidad.
Entre las prioridades señaladas figuran invertir en sistemas de justicia con perspectiva de género, garantizar asistencia jurídica accesible y reforzar la aplicación efectiva de las leyes existentes.
En el marco del Día Internacional de la Mujer, Naciones Unidas convocó a gobiernos, congresos, poderes judiciales, fiscalías, sector privado, academia, medios de comunicación y organizaciones sociales a intensificar las acciones destinadas a cerrar las brechas de desigualdad.
