¡Síguenos!Gobierno mexicano exige revisión inmediata por deficiencias médicas evidentes.
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El fallecimiento más reciente de una persona mexicana bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el centro de procesamiento de Adelanto, California, elevó a 14 el número de connacionales muertos en centros de detención migratoria en Estados Unidos, consolidando un patrón en el funcionamiento del sistema y generando una nueva fase de presión diplomática por parte del gobierno mexicano.
De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Consulado de México en San Bernardino fue notificado de que el connacional falleció la noche del 25 de marzo tras ser trasladado a un hospital en Victorville, California, sin que hasta el momento exista una causa oficial de muerte. Este caso se suma a la incertidumbre de expedientes previos.
La cancillería activó inmediatamente el protocolo consular, contactó a la familia y solicitó información completa sobre el expediente médico y las circunstancias previas al fallecimiento. Además, exigió una revisión del centro de Adelanto por “graves omisiones y evidentes deficiencias en la atención médica”.
Este nuevo caso se añade a los 13 documentados previamente en California, Georgia, Arizona, Texas y Florida, donde las víctimas —de entre 19 y 69 años— murieron por complicaciones médicas, suicidio, hechos durante operativos y un tiroteo. En todos los expedientes, la claridad pericial y la determinación de responsabilidades siguen siendo limitadas.
Casos como el de Jesús Molina Veya, fallecido en Georgia, muestran inconsistencias en la notificación consular y la atención médica. El caso de Adelanto refuerza patrones de atención insuficiente, falta de información oportuna y dependencia de reportes internos, lo que dificulta la reconstrucción de los hechos.
Frente a esto, la SRE intensificó su respuesta, incorporando notas diplomáticas y exigiendo revisión de condiciones específicas en los centros de detención. Organizaciones de derechos humanos advierten fallas estructurales, supervisión limitada y protocolos médicos aplicados de manera desigual.
Cifras oficiales indican que más de 177 mil personas mexicanas fueron detenidas en este periodo, con más de 13 mil bajo custodia simultánea, generando presión sobre infraestructura y servicios médicos. Los protocolos definidos por ICE incluyen evaluaciones iniciales, monitoreo y atención de emergencias, pero su implementación varía según el centro.
Informes de la American Civil Liberties Union documentan retrasos médicos, diagnósticos incompletos y seguimiento deficiente, proporcionando contexto estructural para los fallecimientos recientes. Este caso reactiva cuestionamientos sobre la responsabilidad institucional y la eficacia de los mecanismos de rendición de cuentas del sistema migratorio estadounidense.
