¡Síguenos!Sheinbaum responde y exige acciones equivalentes al gobierno estadounidense
TwittearVisitas: 224
El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, anunció que la administración de Donald Trump prepara una campaña anticorrupción dirigida contra funcionarios mexicanos presuntamente ligados al crimen organizado, con acciones que podrían escalar hasta acusaciones en tribunales federales estadounidenses.
La declaración ocurrió en un evento en Los Mochis, Sinaloa, retomado por el diario Los Ángeles Times. Ahí, el diplomático subrayó el impacto estructural de la corrupción en la economía. “La corrupción no solo frena el progreso, sino que lo distorsiona. Aumenta los costes, debilita la competencia y erosiona la confianza”, afirmó ante empresarios y autoridades.
De acuerdo con el rotativo, la estrategia va más allá de la revocación de visados aplicada por el Departamento de Estado a políticos mexicanos. Ahora incorpora procesos judiciales en Estados Unidos contra actores públicos señalados por vínculos con cárteles.
El anuncio surge en un momento clave: la revisión del tratado comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, eje de la economía mexicana basada en exportaciones. El contexto introduce presión directa en la relación bilateral.
La presidenta Claudia Sheinbaum respondió el viernes y sostuvo que su gobierno impulsa medidas anticorrupción. “Eso es exactamente en lo que estamos trabajando. Estados Unidos debería hacer lo mismo”, declaró.
El texto firmado por Steve Fisher indica que la ofensiva contempla testimonios de exintegrantes del crimen organizado bajo custodia estadounidense, incluidos operadores de cárteles que aportarían información sobre redes de protección política y policial.
El mensaje se emitió en Sinaloa, identificado como base de operación de un cártel de alcance internacional, donde autoridades locales han enfrentado protestas y señalamientos.
La campaña incorpora herramientas judiciales contra funcionarios señalados. Entre antecedentes, autoridades estadounidenses han revocado visados a políticos mexicanos, incluido el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien ha rechazado vínculos criminales.
El anuncio se dio durante un encuentro empresarial ligado a la construcción de una planta de metanol con inversión estadounidense, donde el embajador vinculó inversión y niveles de corrupción institucional.


