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Representantes de EU se lanzan contra estructuras de corrupción relacionadas con el narcotráfico Especial

Representantes de EU se lanzan contra estructuras de corrupción relacionadas con el narcotráfico

Comité de Asuntos Exteriores advierte que la investigación “apenas comienza”.

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Acusan presunta red de protección al Cártel de Sinaloa y a Los Chapitos.

30 de abril 2026.- El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos reaccionó con firmeza tras difundirse la acusación impulsada por el gobierno de Donald Trump contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Legisladores republicanos señalaron que esta acción judicial representa el inicio de una ofensiva más amplia contra estructuras de corrupción relacionadas con el narcotráfico.

A través de redes sociales, el comité respaldó públicamente la investigación que involucra a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios por presuntos vínculos con la facción de Los Chapitos, perteneciente al Cártel de Sinaloa. El mensaje difundido por la mayoría republicana lanzó una advertencia directa sobre el endurecimiento de las acciones estadounidenses.

“Desde Nicolás Maduro hasta Rubén Rocha Moya, si estás implicado en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, te haremos rendir cuentas. Los días de impunidad para los narcoterroristas han terminado”, expresó el comité.

La postura retoma la línea política impulsada por Donald Trump al inicio de su administración, cuando su gobierno declaró a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Bajo ese contexto, autoridades estadounidenses sostienen que los procesos judiciales buscarán alcanzar tanto a operadores criminales como a funcionarios presuntamente relacionados con redes ilícitas.

La investigación es encabezada por el fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, quien vincula formalmente al mandatario sinaloense y a integrantes de su círculo cercano con una presunta red de conspiración criminal.

De acuerdo con la acusación, los delitos señalados incluyen narcotráfico y uso de armas de fuego. Las autoridades estadounidenses sostienen que existió importación de grandes cantidades de heroína, cocaína y fentanilo hacia territorio estadounidense.

El expediente también describe un supuesto esquema de protección institucional. Según la investigación, los implicados habrían entregado información sensible, facilitado operaciones de traslado de droga y recibido sobornos millonarios junto con respaldo político atribuido al Cártel de Sinaloa.

La Embajada de Estados Unidos en México manifestó respaldo total a la acusación presentada en Nueva York. La representación diplomática afirmó que el caso se centra en una “presunta conspiración” entre funcionarios sinaloenses y líderes criminales para inundar el mercado estadounidense con narcóticos a cambio de financiamiento ilícito y poder político.

Con esta acción, el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes sostuvo que el proceso judicial representa “solo el principio” de futuras rendiciones de cuentas contra funcionarios presuntamente ligados al crimen organizado.


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