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El Departamento de Estado de Estados Unidos inició una revisión integral de los 53 consulados mexicanos que operan en territorio estadounidense, en una decisión que podría derivar en el cierre de algunas oficinas diplomáticas por instrucción del secretario de Estado, Marco Rubio.
La medida surge en medio de un escenario de tensión creciente entre ambos gobiernos por temas de seguridad, cooperación bilateral y violencia ligada a los cárteles. El proceso ocurre semanas después de la muerte de dos funcionarios estadounidenses vinculados posteriormente con la CIA, quienes fallecieron junto con dos investigadores mexicanos durante un operativo antinarcóticos realizado en el norte de México.
Funcionarios estadounidenses señalaron que la revisión forma parte de una estrategia más amplia para alinear la política exterior con las prioridades de la administración del presidente Donald Trump. Dylan Johnson, subsecretario de Estado para asuntos públicos globales, afirmó que la dependencia revisa constantemente las relaciones exteriores para asegurar que respondan a la agenda “America First” y protejan los intereses estadounidenses.
México mantiene actualmente la red consular extranjera más extensa dentro de Estados Unidos. Sus oficinas ofrecen servicios de documentación, asistencia jurídica y apoyo administrativo a millones de mexicanos residentes en ciudades con alta población migrante, particularmente en California, Texas y Arizona.
En años recientes, el cierre de consulados estadounidenses y extranjeros ha estado relacionado con conflictos diplomáticos de alto nivel. En 2020, la administración Trump ordenó el cierre del consulado chino en Houston bajo acusaciones de espionaje y robo de propiedad intelectual. Tres años antes, Washington solicitó a Rusia cerrar su consulado en San Francisco y otras instalaciones diplomáticas.
La tensión bilateral escaló nuevamente luego del accidente ocurrido en una región montañosa de México durante una operación contra presuntos laboratorios de droga. El embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, confirmó el 19 de abril la muerte de dos integrantes de la embajada.
Posteriormente, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum declaró que los agentes estadounidenses posiblemente no contaban con autorización del gobierno federal para operar en territorio mexicano y exigió explicaciones a Washington.
