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México busca reducir costos en yacimientos de arcilla, hoy inviables.
El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) y la empresa estatal Litio para México (Litio MX) trabajan de forma coordinada en el desarrollo de una tecnología propia que permitiría reducir los costos de extracción de litio en yacimientos de arcilla, un recurso estratégico reservado al Estado tras la reforma al artículo 28 constitucional.
Durante su conferencia, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que dicha reforma establece que sólo el Estado puede explotar el litio. Ninguna empresa minera privada está facultada para participar en su extracción, al tratarse de un recurso estratégico que dejó de estar regulado únicamente por la Ley Minera.
La mandataria precisó que el presupuesto de Litio MX, que asciende a 13.9 millones de pesos, cubre principalmente gastos operativos y administrativos. El desarrollo científico y tecnológico para la exploración y eventual explotación se concentra en el IMP, organismo con capacidades técnicas especializadas.
Sheinbaum detalló que el litio en México se encuentra mayoritariamente en arcilla, lo que implica un proceso complejo para separar el mineral del barro. Esta condición eleva los costos frente a los yacimientos en salares de Sudamérica, donde las condiciones geológicas son distintas.
El objetivo es claro: generar tecnología que abarate el proceso y lo haga viable. En las condiciones actuales, resulta más barato importar el mineral que producirlo en territorio nacional.
Investigadores del IMP, en coordinación con instituciones académicas, perfeccionan un sistema tecnológico de extracción en arcilla. Litio MX acompaña institucionalmente el proyecto bajo la coordinación de la Secretaría de Energía.
Además, el gobierno federal estudia la recuperación de litio en salmueras asociadas a pozos petroleros, línea en la que colaboran el IMP, Litio MX y la Secretaría de Energía.
La producción comercial dependerá del avance tecnológico que logre reducir costos y hacer competitivo el proceso frente al mercado internacional, mientras el Estado mantiene la rectoría exclusiva conforme al mandato constitucional.
