¡Síguenos!Claudia Sheinbaum impulsa reformas para garantizar protección y eficacia en denuncias.
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Los usuarios encubiertos son individuos que interactúan con instituciones públicas sin revelar su participación en verificaciones oficiales, con el propósito de identificar actos de corrupción, fallas administrativas y deficiencias en servicios públicos.
La Secretaría de la Función Pública, liderada por Raquel Buenrostro, anunció la creación de reformas legales que otorgarán reconocimiento formal a esta figura como instrumento para combatir la corrupción en dependencias federales, especialmente en niveles medios y operativos.
La estrategia se deriva de la instrucción directa de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ordenó revisar y consolidar leyes para crear un marco anticorrupción integral, enfocado en cero tolerancia y en fortalecer los mecanismos de denuncia ciudadana.
Buenrostro explicó que, aunque la figura de usuario encubierto existe desde hace años, carece de reconocimiento explícito en la legislación, lo que ha debilitado su valor probatorio en tribunales. Casos documentados incluso llegaron a la Suprema Corte, provocando la caída de expedientes por vacíos normativos.
El paquete busca dar fuerza legal a estos instrumentos, blindando procedimientos y evitando que investigaciones se invaliden por deficiencias técnicas o interpretaciones restrictivas.
El eje central es empoderar al ciudadano común para denunciar irregularidades sin temor a represalias, especialmente ante la baja cultura de denuncia por desconfianza institucional.
Se incluirán artículos específicos que garanticen confidencialidad, discrecionalidad y protección de datos personales, asegurando la seguridad de quienes aporten evidencia.
En el sector salud, auditorías con usuarios encubiertos detectaron irregularidades, particularmente en el ISSSTE, revisando procesos administrativos y atención al público.
Buenrostro enfatizó que la formalización permitirá consolidar pruebas sólidas en expedientes administrativos y penales, reforzando la calidad de los servicios y la integridad institucional.
La iniciativa busca cerrar espacios a la corrupción en trámites cotidianos y robustecer la arquitectura legal de fiscalización interna en dependencias federales.
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