¡Síguenos!Gobierno defiende cambios legales y operativos aplicados desde 2019 en México.
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Sheinbaum rechaza informe ONU por datos desactualizados y metodología
Señala que el estudio proyecta datos antiguos hasta 2025 sin ajustes
La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, al considerar que carece de precisión metodológica y no refleja la situación actual del país. La mandataria cuestionó el origen de los datos utilizados, al señalar que el análisis se construyó con casos registrados en Coahuila, Veracruz, Jalisco y Nayarit entre 2009 y 2017, cuyos resultados fueron proyectados hasta 2025 sin incorporar transformaciones recientes.
Durante su conferencia matutina, explicó que esta extrapolación distorsiona el diagnóstico, al omitir cambios normativos y operativos impulsados desde 2019, entre ellos el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda y la coordinación con colectivos de familiares.
Sheinbaum sostuvo que el informe no se ajusta a la definición internacional de desaparición forzada, la cual implica participación directa del Estado. En ese sentido, afirmó que en México el fenómeno está principalmente vinculado con la delincuencia organizada, no con una práctica institucional.
La presidenta reiteró su rechazo a clasificar la desaparición forzada como política de Estado y subrayó que su estrategia se enfoca en la búsqueda, localización y atención a víctimas. Como parte de la respuesta oficial, se notificó el desacuerdo al comité y se anunció que las secretarías de Relaciones Exteriores y Gobernación ampliarán la información sobre las acciones implementadas.
El informe será remitido al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, lo que abre un canal de interlocución internacional para revisar el diagnóstico. El gobierno adelantó que mantendrá comunicación directa con la ONU para explicar su postura y presentar evidencia sobre sus políticas públicas.
El posicionamiento ocurre en un contexto de presión constante de colectivos de familiares y observación internacional. La disputa, más allá de lo técnico, refleja una diferencia de interpretación: mientras el informe sugiere una mayor gravedad, el gobierno sostiene una lectura centrada en el combate al crimen organizado.


