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Advierte que sin frenar el financiamiento ilícito no habrá negociación.
El Partido Acción Nacional (PAN) anunció que no discutirá ninguna reforma electoral si esta no contempla de manera directa la infiltración del crimen organizado en campañas políticas. La postura fue fijada por su presidente nacional, Jorge Romero Herrera, quien aseguró que los indicios de financiamiento ilícito en procesos electorales son cada vez más evidentes y explican la actual crisis democrática y de representación en México.
Romero sostuvo que el centro del debate debe ser la participación del crimen organizado en las elecciones, al considerar que se trata del principal problema del sistema democrático mexicano. Recordó que el país viene de los procesos electorales más violentos de su historia reciente, con múltiples indicios, investigaciones abiertas y señalamientos públicos sobre infiltración criminal, sin que existan responsabilidades políticas de alto nivel.
Señaló que las pruebas y antecedentes están a la vista, pero falta voluntad para investigarlos a fondo. Mencionó acusaciones sobre huachicol fiscal que alcanzan a familiares del exsecretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda, así como el caso Carmona y los señalamientos contenidos en el libro de Julio Scherer, Hernán Bermúdez y La Barredora; además de menciones a los gobernadores Rubén Rocha y Américo Villarreal, los retiros de visas de Marina del Pilar o el hijo de Alfonso Durazo, entre otros casos vinculados con presuntos nexos de integrantes de Morena con el crimen organizado.
“La discusión no puede ser técnica ni administrativa. Antes de hablar de otras temáticas electorales, debemos hablar de quién está financiando las campañas en este país. El verdadero problema electoral en México es la participación del crimen organizado en las elecciones. Si no resolvemos eso, no tiene sentido discutir lo demás”, afirmó.
El dirigente panista planteó mecanismos estrictos: detección del dinero público en campañas, fiscalización en tiempo real con acceso a inteligencia financiera, nulidad inmediata de elecciones cuando se acredite dinero criminal y pérdida de registro para partidos que reciban apoyo ilícito. También propuso responsabilidad penal y electoral para dirigentes que avalen candidaturas vinculadas con estructuras criminales.
“No vamos a legitimar una reforma electoral que ignore la realidad del país. Primero hay que blindar las elecciones del crimen organizado; después podremos discutir cualquier otro cambio”, concluyó.
