¡Síguenos!Tribunal de Disciplina asume supervisión; debate gira sobre autonomía institucional.
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Luego de la reforma que establece la elección popular de jueces, magistrados y ministros, la presidenta Claudia Sheinbaum abrió una línea de discusión: incorporar la revocación de mandato en el Poder Judicial mediante un eventual cambio constitucional.
Hoy, este mecanismo solo aplica al Poder Ejecutivo, conforme al artículo 35 de la Constitución. Ahí se establece que la revocación procede mediante participación ciudadana y recolección de firmas. Es un estándar vigente, claro, pero limitado a una sola rama del poder público.
La mandataria fue puntual. La revocación no existe en el ámbito judicial. Cualquier modificación requeriría una iniciativa constitucional desde el Congreso. No hay ruta inmediata. Tampoco urgencia legislativa.
Aun así, calificó como válida la propuesta de extender este instrumento a jueces. Lo dejó sobre la mesa. Sin envío de iniciativa por ahora.
En paralelo, explicó que el Tribunal de Disciplina Judicial funge como el principal mecanismo de supervisión, en sustitución del Consejo de la Judicatura Federal. Este órgano cuenta con facultades para evaluar y sancionar a juzgadores.
Sheinbaum subrayó un punto sensible: la necesidad de transparentar reglas y sanciones. La credibilidad institucional depende de ello. También enfatizó que las denuncias ciudadanas son el canal formal para cuestionar decisiones judiciales.
El propio artículo 35 fija el parámetro: la revocación presidencial exige el respaldo de al menos el 3% de la lista nominal en 16 entidades. Ese umbral marca el piso actual del mecanismo.
Con este nuevo modelo, el debate se intensifica. Se discuten mecanismos de control frente a la obligación de preservar la independencia judicial. El equilibrio —participación ciudadana y autonomía— se vuelve el eje del rediseño institucional.
