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Evaluación presidencial se pospone y será en proceso separado en 2028
La reforma electoral avanzó en el Senado con mayoría calificada, pero dejó una señal política relevante: una fractura interna dentro del bloque oficialista. El Partido del Trabajo (PT) se deslindó del proyecto en el punto clave de la revocación de mandato, lo que impedirá que la presidenta Claudia Sheinbaum aparezca en la boleta electoral de 2027, como se planteaba originalmente.
El dictamen, identificado como “Plan B”, fue aprobado con 87 votos a favor y 41 en contra. Sin embargo, en la discusión en lo particular se modificó de fondo tras la reserva presentada por la senadora Lizeth Sánchez García, quien eliminó los cambios al artículo 35 constitucional.
Con este ajuste, la revocación de mandato se mantiene en sus términos actuales. Esto significa que la presidenta no podrá someterse a este mecanismo durante las elecciones intermedias de 2027, sino hasta 2028, en un proceso independiente.
La legisladora del PT sostuvo que mezclar la revocación con una elección constitucional puede distorsionar su sentido democrático, marcando distancia con la postura de Morena.
En la misma línea, Alberto Anaya Gutiérrez confirmó que su bancada respalda la reforma en lo general, pero aclaró: “nos separamos del contenido del dictamen en lo que se refiere al artículo 35 de la Constitución”. Aun así, reafirmó el apoyo a la presidenta y aseguró que la coalición “está más firme que nunca” rumbo a 2027 y 2030.
Posturas en contraste
Desde Morena, la senadora Martha Lucía Micher defendió la revocación como herramienta de control ciudadano. En contraste, legisladores del PAN y PRI acusaron que el proyecto buscaba concentrar poder. El priista Manuel Añorve advirtió sobre el riesgo de participación indirecta de la presidenta en el proceso electoral.
Por su parte, Movimiento Ciudadano rechazó el dictamen al considerar que desnaturaliza la figura de revocación y genera inequidad.
Lo aprobado y el siguiente paso
El Senado avaló cambios en materia electoral, incluyendo ajustes en ayuntamientos, límites al presupuesto de congresos locales y topes salariales para autoridades electorales.
El proyecto fue turnado a la Cámara de Diputados. Con la intervención del PT, el escenario rumbo a 2027 se redefine: la figura presidencial queda fuera de la contienda intermedia y cualquier evaluación ciudadana se traslada a 2028.


