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Reacciones internacionales dividen a aliados y potencias globales
Washington, Estados Unidos.— El presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos asumirá un papel directo en la administración de Venezuela, luego de una operación militar del Pentágono en Caracas que, según informó, culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.
Durante una conferencia de prensa realizada en Mar-a-Lago, Florida, el mandatario afirmó que su gobierno “manejará Venezuela hasta que se produzca una transición apropiada y juiciosa”. Sin embargo, la Casa Blanca no ha precisado los mecanismos políticos o legales que regirían dicha intervención.
Trump exhibió una fotografía de Maduro esposado a bordo del buque de guerra USS Iwo Jima, imagen que había difundido previamente en sus redes sociales. Al referirse al operativo, sostuvo que fue “preciso, exitoso y necesario para liberar al pueblo venezolano de un régimen corrupto”.
“Vamos a manejar Venezuela hasta que se dé una transición de poder apropiada”, reiteró el presidente, quien defendió la acción como una medida vinculada a la seguridad hemisférica.
El anuncio se produjo tras un ataque aéreo estadounidense sobre Caracas y otras regiones, hecho que provocó fuertes reacciones internacionales. Rusia, China, Brasil, México y varios países europeos condenaron la operación al considerarla una violación a la soberanía venezolana y al derecho internacional, mientras que aliados cercanos a Washington expresaron respaldo por razones humanitarias y de seguridad regional.
El secretario general de la ONU, António Guterres, calificó la intervención como un “precedente peligroso” y pidió respeto a la Carta de las Naciones Unidas. En el mismo sentido, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó alarma y subrayó que la protección de la población venezolana debe ser prioritaria.
Pese al tono categórico del anuncio, no existe confirmación oficial de que Estados Unidos haya asumido formalmente el control político o administrativo de Venezuela. Fuentes diplomáticas en Washington indicaron que las declaraciones apuntan a una supervisión transicional, más que a una ocupación directa.
El Departamento de Estado trabaja con gobiernos aliados para impulsar una eventual transición democrática, mientras que el Congreso estadounidense no ha autorizado una intervención prolongada ni un esquema de administración territorial.
Analistas advierten que esta acción representa la operación militar estadounidense más significativa en América Latina desde Panamá en 1989, lo que abre interrogantes sobre su legalidad y sus consecuencias regionales.
La situación en Venezuela permanece incierta. No se ha confirmado quién ejerce el poder en Caracas, mientras continúan apagones y cortes de comunicación en distintas zonas del país.
