¡Síguenos!Dos botones ejemplifican la situación: por un lado, la dirección de gobierno abierto, oficina que depende la Secretaría de la Contraloría, quedó acéfala desde mayo pasado, tras la salida poco clara de la hasta entonces titular del área, Andrea Barenque, y por el otro, Puebla fue hecho a un lado en las acciones que lleva a cabo el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI) por negarse a incorporar a organizaciones de la sociedad civil no afines a la administración estatal.
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Aunque se pidió una entrevista con los integrantes de la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP), tanto el actual presidente, Javier Fregoso Sánchez, como la comisionada Gabriela Sierra argumentaron estar muy ocupados con agenda previa para evitar hablar del tema.
Renata Terrazas Tapia, investigadora del Centro de Análisis e Investigación, Fundar, explicó, en entrevista telefónica, que fue dentro del núcleo de organizaciones que forman parte del secretariado tripartita de la Alianza por el gobierno abierto –organismo del que forman parte lo mismo la presidencia de la República como el INAI y desde donde se trabaja para impulsar la política de gobierno abierto– donde detectaron que en Puebla, lejos de impulsar una convocatoria amplia entre las OSC para incorporarse junto con la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP) a las acciones impulsadas desde la Federación, lo que se hizo fue tan solo incluir a una organización afín.
Y tan afín es que la CAIP, el organismo encargado de convocar a las OSC, solo llamó a incorporarse al Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia, un organismo que encabeza André Ambrogi, y que entre su directorio de “consejeros ciudadanos” incluye a Luis Maldonado Venegas, ex secretario General de Gobierno; a Víctor Carrancá Bourguet, procurador de justicia del estado; Facundo Rosas Rosas, secretario de Seguridad Pública, y Jorge Cruz Bermudez, ex secretario de Educación Pública y actual encargado de despacho de la SGG.
Una alianza sin la sociedad
El 11 de marzo de este año la CAIP anunciaba, a través de un boletín informativo, que habían firmado junto con 11 estados más “la Declaración Conjunta para la Implementación de Acciones para un gobierno abierto, donde se comprometieron a establecer trabajos para generar un cambio de cultura institucional centrada en el ciudadano y con capacidad de atención a sus necesidades”.
El convenio, promovido por el INAI en conjunto con la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (Comaip), comprometía a los participantes a crear “Secretariados Técnicos Tripartitas Locales u órganos colegiados equivalentes, como mecanismos responsables en cada entidad federativa de coordinar, incorporar y orientar los intereses de los actores que participen en los ejercicios de gobierno abierto local, así como generar planes de acción locales integrados por cinco compromisos puntuales, realizables y medibles, con duración de un año”.
Renata Terrazas explicó, en entrevista telefónica, que entre los lineamientos que estableció el INAI para formar parte de esa estrategia nacional estaba que se lanzara una “convocatoria amplia”.
“Desde el núcleo de organizaciones que formamos parte de la alianza comenzamos a detectar en lugares en donde tenemos contraparte, que la convocatoria no está siendo tan amplia como se esperaba. Esto básicamente pasó en Puebla y Coahuila. Cuando vemos esto lanzamos un llamado de atención, nos acercamos al INAI y hicimos ver que las convocatorias no estaban siendo amplias, entonces el INAI llama a Coahuila y Puebla y les pide que hagan una convocatoria amplia, el órgano garante de Coahuila de volada accede y suspenden la instalación del secretariado y está en esas. Puebla no, Puebla ya no responde y decide no hacer más amplia la convocatoria y truena el proceso”.
“Esta decisión –explicó en el blog que se publica en el sitio Animal Político y en donde se dio a conocer la situación– le costó ser eliminado del ejercicio. Si llegaran a desarrollar una estrategia de gobierno abierto estaría avalada por nadie; sería un ejercicio entre cuates para aplaudirle a los cuates”.
“En el caso de Puebla sorprende –ahora habla desde su oficina en una entrevista que ofreció a esta casa editorial la investigadora de Fundar– que no hicieran una convocatoria amplia, cuando ese es el corazón del gobierno abierto: la participación ciudadana, más allá de una consulta, sino que genuinamente forme parte de la toma de decisión u de la construcción conjunta de un modelo de gobierno”.
Una oficina acéfala
Por lo pronto, la oficina que dirigía Andrea Barenque, quién pasó a formar parte de la Coordinación de la Estrategia Digital Nacional de la presidencia de la República tras su salida del gobierno morenovallista, quedó acéfala, como se puede constatar en la página de transparencia gubernamental que ubica a la dirección de gobierno abierto como en “proceso de designación”.
Y pendientes quedaron también las políticas de datos abiertos que la funcionaria buscaba implementar, como lo dejó escrito en el portal datos.gob.mx –un sitio impulsado por el gobierno federal en donde se albergan bases de datos en formatos abiertos:
“Como parte de la Política Estatal de gobierno abierto se iniciarán acciones de capacitación para estandarizar el conocimiento, construir un lenguaje común y fortalecer las actividades del quehacer gubernamental en el tema de datos abiertos”.
Y agregaba: “Estamos convencidos de que el éxito de una Política de Datos Abiertos no radica en la generación de más aplicaciones, o en publicar más bases de datos, o en realizar 10 hackatones cada año, o en tener un número considerable de infografías y de visualizaciones en un sitio web. Los datos abiertos son exitosos siempre y cuando logren reducir la brecha de información que existe entre ciudadanos y gobernantes. Por eso es que nuestra atención de los próximos meses se centrará en construir, desde el gobierno estatal, espacios públicos en los que se pueda ejercer y construir ciudadanía”, pero eso ya no se hizo, pues la mujer dejó el cargo.
