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Busca reducir costos electorales y reforzar vínculo entre representantes y pueblo.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó este viernes en Palacio Nacional una iniciativa de reforma constitucional en materia electoral, estructurada en 10 puntos, diseñada para reflejar el sentimiento del pueblo y fortalecer la conexión directa entre representantes y ciudadanía.
La mandataria explicó que el proyecto será enviado al Congreso de la Unión el lunes, tras concluir la revisión técnica de los artículos constitucionales y las leyes secundarias, con el objetivo de evitar inconsistencias jurídicas y presentar un texto completo listo para su trámite legislativo.
Durante la conferencia matutina, Sheinbaum enfatizó que el grupo redactor trabajó desde octubre y subrayó que la propuesta no es una ocurrencia, sino resultado de consultas y análisis previos que derivaron en un paquete de cambios constitucionales y legales.
Entre los puntos clave destaca la reducción del 25% en costos electorales, mediante ajustes salariales a consejeros del INE, recortes al financiamiento ordinario de partidos y disminuciones presupuestales en órganos locales electorales.
La iniciativa mantiene 500 diputaciones federales, 300 por mayoría relativa y 200 por representación proporcional, pero con un rediseño en el mecanismo de asignación, eliminando listas definidas por cúpulas partidistas y agregando ocho posiciones de representación migrante.
En el Senado, se propone reducir integrantes a 96, eliminando la lista nacional de representación proporcional. Cada entidad elegirá dos fórmulas por mayoría y una de primera minoría, asegurando que la ciudadanía tenga voz directa.
Se suprime el PREP, iniciando el conteo distrital desde el primer momento, para que al día siguiente se conozcan los resultados oficiales, optimizando recursos.
Sheinbaum aseguró que no modificará la propuesta para satisfacer a aliados que manifestaron reservas y enfatizó que cada fuerza política deberá explicar públicamente su postura.
El paquete requiere mayoría calificada en ambas cámaras y aval de congresos locales, con partidos aliados analizando su contenido antes de decidir su voto.
