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El 29 de abril de 2026, autoridades de Estados Unidos formalizaron cargos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto con otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos, por presuntos delitos de narcotráfico y posesión de armas.
La acusación fue presentada en Nueva York por el fiscal del Distrito Sur, Jay Clayton, y el titular de la DEA, Terrance C. Cole, quienes sostuvieron que los implicados colaboraron con el Cártel de Sinaloa para introducir drogas a territorio estadounidense.
El expediente describe una conspiración para traficar fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina, además de cargos por armas de alto poder, incluidas ametralladoras. También se les atribuye recibir millones de dólares en sobornos para proteger operaciones ilícitas.
Entre los casos más sensibles aparece Juan Valenzuela Millán, señalado por su presunta participación en secuestros que derivaron en asesinatos, incluido el de una fuente confidencial de la DEA.
La red, según autoridades, integraba mandos policiales, fiscales y actores políticos que filtraban información, evitaban operativos y permitían actos violentos. La investigación los vincula con “Los Chapitos”.
Las penas podrían alcanzar de 40 años de prisión a cadena perpetua.
En respuesta, el 30 de abril de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, durante “Las mañaneras del pueblo”, informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió solicitudes de detención con fines de extradición el 28 de abril y las turnó a la Fiscalía General de la República.
Sheinbaum subrayó que la Fiscalía analizará si existen pruebas suficientes. “No vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito”, afirmó. Sin embargo, advirtió que sin evidencia clara, las imputaciones podrían tener un objetivo político.
La mandataria enfatizó que México actuará con base en su jurisdicción y no permitirá injerencias extranjeras, reafirmando su postura: “verdad, justicia y defensa de la soberanía”.
