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Rechazó cualquier intervención militar extranjera y advirtió sobre riesgos para el T-MEC.
La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, pidió este sábado que no se permita que se olvide el caso del gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, señalado por Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, y exigió que sea entregado a la justicia.
A través de un video difundido en su cuenta de X el 21 de junio de 2026, la mandataria estatal sostuvo que México enfrenta una crisis de confianza internacional que, a su juicio, pone en riesgo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y alimenta el debate sobre posibles acciones unilaterales estadounidenses contra los cárteles de la droga en territorio mexicano.
Campos afirmó que está “total en contra de cualquier intervención militar unilateral en México” y reiteró que su compromiso con la soberanía nacional es absoluto. Sin embargo, sostuvo que la defensa de esa soberanía debe sustentarse en el cumplimiento de la ley y el fortalecimiento del Estado de derecho.
“La verdadera soberanía de un país no se defiende con discursos; se defiende haciendo cumplir la ley y fortaleciendo el Estado de derecho”, expresó.
La declaración ocurre en medio de una controversia relacionada con un operativo antinarcóticos realizado en Chihuahua, donde murieron cuatro personas, entre ellas dos agentes estadounidenses identificados como integrantes de la CIA. De acuerdo con la información disponible, la participación operativa de esos agentes no había sido informada al gobierno mexicano, situación que actualmente es investigada por la Fiscalía General de la República (FGR).
En ese contexto, Campos vinculó el caso de Rocha Moya con lo que calificó como una política de protección a gobernantes y funcionarios señalados por la justicia estadounidense. También afirmó que amar a México implica exigir el cumplimiento de la ley, la entrega de Rocha Moya y la investigación pública de otros acusados.
El posicionamiento surge después de que Washington solicitara la captura y extradición de Rocha Moya y de otros funcionarios de Sinaloa por presuntos nexos con el narcotráfico. Ante esos señalamientos, el gobierno mexicano ha solicitado más pruebas, mientras que la FGR ha indicado que no observa elementos suficientes para una detención provisional urgente.
Campos agregó que una eventual pérdida del T-MEC o una incursión extranjera serían responsabilidad del gobierno federal por, según dijo, proteger a personas señaladas. En contraste, el oficialismo acusa a la oposición de utilizar el caso con fines políticos y señala a la gobernadora por presuntas violaciones a la soberanía nacional al permitir injerencias externas.
La verdadera soberanía de un país no se defiende con discursos; se defiende haciendo cumplir la ley y fortaleciendo el Estado de derecho.
— Maru Campos (@MaruCampos_G) June 21, 2026
Hoy vivimos una crisis de confianza internacional que pone en riesgo el tratado comercial que sostiene a millones de familias mexicanas y… pic.twitter.com/8MZZYap3hs
