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Reformas y operativos coordinados debilitan al crimen organizado en México.
La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, afirmó que México cuenta con un modelo de gobernabilidad democrática y una estrategia de seguridad que ha permitido debilitar las estructuras del crimen organizado y sentar bases para una paz duradera con justicia social, a partir del respaldo del Congreso de la Unión y el fortalecimiento del marco legal.
Señaló que las reformas constitucionales y legales aprobadas por el Poder Legislativo han dotado al Estado mexicano de herramientas específicas que, junto con labores de inteligencia, coordinación interinstitucional y atención a las causas del delito, permiten superar la capacidad de desestabilización de los grupos criminales. No es un planteamiento retórico, sostuvo; es una arquitectura institucional en operación.
Indicó que el Senado de la República y la Cámara de Diputados aprobaron reformas para atender la inseguridad desde su origen, entre ellas la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia y la reforma contra la extorsión publicada en enero de este año. Estas disposiciones, precisó, establecen bases jurídicas para garantizar la seguridad y proteger los derechos humanos.
Castillo Juárez destacó que el 22 de febrero el Gobierno Federal neutralizó a uno de los objetivos prioritarios en materia de seguridad, mediante un operativo sustentado en labores de inteligencia y coordinación interinstitucional. La acción derivó en la baja del presunto líder criminal más buscado del país y, afirmó, refleja una estrategia centrada en atender las causas de la violencia, fortalecer la inteligencia y consolidar la cooperación nacional e internacional.
Agregó que el actual enfoque del Centro Nacional de Inteligencia privilegia la investigación y el intercambio de información con Estados Unidos, mientras que la Secretaría de Seguridad reforzó su capacidad operativa mediante la centralización y profesionalización de funciones. La coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y los gobiernos estatales abarca desde la planeación de operativos hasta acciones posteriores.
“La combinación de resultados tangibles en materia de seguridad con un enfoque de gobierno que prioriza el bienestar social ha colocado a México en una posición de mayor respeto en el escenario global”, concluyó.
