De ninguna manera aceptaremos que bajo el pretexto de políticas de austeridad presupuestal, el pago de la inmoral deuda o las continuas disminuciones de las expectativas de crecimiento económico —todas ellas consecuencia de una errática política económica, que resulta favorable a los intereses de corporaciones nacionales e internacionales privadas, ahora profundizadas con las reformas estructurales— se atente contra la educación pública, ciencia, tecnología, cultura, condiciones laborales y estabilidad en el empleo de los trabajadores. 

Al contrario, exigimos que en tal iniciativa se contemple una mejoría real a los presupuestos de nuestras instituciones, ya de por si insuficientes —tal cual lo viene exigiendo la comunidad científica y rectores de las universidades públicas—, a fin de que se les permita fortalecer sus planes de desarrollo, así como su función pedagógica, profesionalización de los docentes y mejora de la calidad en su oferta educativa, científica y cultural, sustentada en salarios, empleos, pensiones y jubilaciones dignas; esto también permitirá ampliar la matrícula para docenas de miles de jóvenes. 

Exhortamos a los diputados integrantes de la H. Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura a actuar con responsabilidad política en la defensa de las instituciones de educación pública en general, y a generar una política de estado que reconozca el financiamiento de la educación, investigación y cultura como una inversión, con el propósito de que estas actividades sean realidad para todos como derechos humanos fundamentales y un bien público social, promotor de un nuevo curso de desarrollo.