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El resultado corresponde al primer año completo del gobierno de Claudia Sheinbaum.
CIUDAD DE MÉXICO. México no mostró avances en el combate a la corrupción, en línea con la tendencia regional de América Latina, de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025 elaborado por Transparencia Internacional y publicado este 10 de febrero.
El país alcanzó 27 de 100 puntos posibles, lo que lo ubica en el lugar 141 de 182 a nivel global. La calificación representa una mejora marginal de un punto respecto a 2024, cuando obtuvo 26, pero confirma una trayectoria descendente frente a los 34 puntos registrados en 2012.
Este informe es el primer ranking que evalúa un año completo del gobierno de Claudia Sheinbaum, segunda presidencia del movimiento de la Cuarta Transformación, iniciado por Andrés Manuel López Obrador.
Transparencia Internacional advirtió que América no presenta avances sostenidos en la lucha contra la corrupción. En el IPC 2025, la región promedió 42 puntos, y desde 2012, 12 de 33 países han mostrado un deterioro significativo. El organismo señaló que años de inacción gubernamental han debilitado la democracia, facilitado la expansión del crimen organizado y afectado directamente los derechos humanos, los servicios públicos y la seguridad.
En el contexto regional, Brasil obtuvo 35 puntos y Colombia 37, mientras que Costa Rica (56) y Uruguay (73) se consolidaron como las democracias más sólidas de América Latina. En el extremo opuesto se encuentran Venezuela (10), Nicaragua (14) y Haití (16).
El mejor resultado histórico de México fue de 37 puntos en 2001. A escala global, los países con mayores puntuaciones fueron Dinamarca (89), Finlandia (88), Singapur (84), Nueva Zelanda (81), Noruega (81), Suecia (80) y Suiza (80).
El IPC mide la percepción de corrupción en el sector público, combinando al menos tres fuentes de datos provenientes de 13 encuestas especializadas, recopiladas por instituciones como el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial. Transparencia Internacional aclaró que pequeñas variaciones no siempre reflejan cambios estructurales y que el índice no evalúa experiencias directas de los ciudadanos, ni delitos como fraude fiscal o lavado de dinero.
