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En el Día Mundial de la Alimentación 2025, la Alianza por la Salud Alimentaria (ASA) hizo un llamado al Gobierno de México para fortalecer las políticas públicas que garanticen el derecho a una alimentación saludable. La organización advirtió que el consumo de bebidas azucaradas, refrescos y alimentos ultraprocesados sigue siendo una de las principales amenazas para la salud pública en el país.
La ASA, integrada por organizaciones civiles, especialistas y profesionales de la salud, subrayó que México enfrenta una “crisis alimentaria y sanitaria sin precedentes”. Millones de personas carecen de acceso a alimentos nutritivos y agua potable, mientras que los refrescos y productos ultraprocesados continúan expandiéndose incluso en comunidades vulnerables.
Según el INEGI y la ENSANUT, México se mantiene entre los mayores consumidores de refrescos del mundo, con un promedio anual de 166 litros por persona. La alianza recordó que estas bebidas no aportan valor nutricional y están vinculadas a diabetes tipo 2, obesidad e hipertensión.
Un estudio publicado este año en Nature Medicine estimó que más de 230 mil nuevos casos de diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares en México se atribuyen directamente al consumo de estas bebidas, lo que representa 30% de los casos de diabetes y 13.5% de enfermedades del corazón.
Aunque la ASA celebró medidas como el etiquetado frontal de advertencia, la prohibición de grasas trans y la regulación de publicidad dirigida a la infancia, señaló lagunas en la fiscalización de la industria y la falta de mecanismos que aseguren que los ingresos del impuesto a refrescos se reinviertan en salud pública.
Desde su implementación en 2014, este impuesto ha reducido el consumo, especialmente en hogares de menores ingresos, y ha generado beneficios económicos estimados en 983 millones de dólares por ahorros en atención médica, según el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). Se proyecta también la prevención de más de 20 mil infartos y 19 mil muertes en los próximos años.
La ASA solicitó actualizar la tasa fiscal a 20% del precio final, aproximadamente 7 pesos por litro, y garantizar que los recursos se destinen a programas de prevención de enfermedades y acceso a agua potable.
“El impuesto a las bebidas azucaradas no debe verse solo como medida fiscal, sino como herramienta de justicia social y ambiental”, indicó la alianza, al destacar que su fortalecimiento, junto con entornos escolares saludables y acceso universal a alimentos y agua segura, es indispensable para un futuro más saludable para México.
El miércoles pasado, los legisladores mexicanos aprobaron cambios al IEPS de refrescos y bebidas azucaradas, incrementándolo de 1.64 pesos a 3.08 pesos por litro, lo que elevará su precio 20.5%.
