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Recursos públicos se integran al presupuesto sin eliminar obligaciones estatales
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la validez de la eliminación de 109 fideicomisos impulsada durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, una decisión que permitió reabsorber más de 68 mil millones de pesos al erario.
El ministro Arístides Guerrero argumentó que estos instrumentos funcionaban como herramientas operativas del Ejecutivo, sin constituir obligaciones en sí mismas. Por ello, su desaparición no implica incumplimiento, sino una reorganización administrativa.
La Corte enfatizó que el cambio no afecta derechos fundamentales, ya que el Estado mantiene intactas sus responsabilidades. Lo que varía, explicó, es el mecanismo mediante el cual se ejecutan dichas obligaciones.
El fallo respondió a una acción de inconstitucionalidad contra el decreto publicado el 6 de noviembre de 2020, mediante el cual se reformaron diversas leyes para extinguir fondos públicos. Tras el análisis, los ministros concluyeron que no existieron fallas en el procedimiento legislativo.
Además, se determinó que algunos efectos quedaron sin materia debido a modificaciones legales posteriores o a la abrogación de normas en sectores clave como energía, transporte y desarrollo.
En materia presupuestaria, la Corte consideró que la decisión del Congreso presenta una justificación suficiente, con una conexión clara entre la reorganización de recursos y la mejora en transparencia. No obstante, advirtió que cualquier política de austeridad debe respetar los derechos humanos y su progresividad.


