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SCJN analiza bloqueo de cuentas sin orden judicial por lavado financiero Especial

SCJN analiza bloqueo de cuentas sin orden judicial por lavado financiero

Corte discutirá este martes facultades de Hacienda para congelar recursos

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Proyecto sostiene que medida es cautelar y no viola derechos constitucionales

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene en agenda para este martes un caso que podría redefinir el alcance de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el combate al lavado de dinero. En concreto, se analiza si la autoridad puede bloquear cuentas bancarias sin orden judicial previa.

El proyecto, elaborado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, responde a una acción de inconstitucionalidad promovida por senadores de oposición contra la reforma al artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, aprobada el 11 de marzo de 2022.

Dicha reforma permite incluir a personas físicas o morales en una Lista de Personas Bloqueadas, con la consecuente suspensión inmediata de operaciones financieras, sin intervención judicial.

El documento plantea que la medida no vulnera principios como la legalidad, la seguridad jurídica ni la presunción de inocencia, al tratarse de un acto de molestia de carácter cautelar y provisional.

Se argumenta que, conforme al artículo 16 constitucional, basta con que la decisión esté debidamente fundada y motivada por la autoridad administrativa competente.

“En consecuencia, al no tratarse de un acto privativo definitivo, no resulta exigible una audiencia previa…”, señala el proyecto, que también destaca la existencia de un mecanismo de defensa ante la propia Secretaría de Hacienda.

Desde la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se sostiene que esta herramienta permite actuar con rapidez frente a operaciones sospechosas y fortalece la estrategia contra el financiamiento ilícito.

En contraste, legisladores de oposición advierten riesgos de abusos y posibles afectaciones a personas inocentes al limitar el acceso a recursos sin control judicial.

Especialistas coinciden en que el congelamiento inmediato podría impactar derechos como el acceso a la propiedad y la presunción de inocencia. Aunque existe defensa posterior, subrayan que el daño económico y reputacional puede ser severo.

La resolución de la SCJN marcará si estos bloqueos pueden mantenerse sin orden judicial o si requerirán autorización previa, con efectos directos en la seguridad jurídica y la política nacional contra delitos financieros.

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