¡Síguenos!Senador niega vínculos con crimen organizado y rechaza acusaciones categóricamente.
TwittearVisitas: 109
El caso del senador mexicano Enrique Inzunza entra en una fase delicada. Sus abogados se acercaron al Departamento de Justicia de Estados Unidos con un objetivo concreto: gestionar su posible ingreso como testigo cooperante, en medio de señalamientos que lo vinculan con el crimen organizado.
Según fuentes del propio Departamento, un implicado que decide colaborar con las autoridades puede acceder a esta figura legal si aporta información relevante. En situaciones de riesgo, incluso podría ser incorporado al programa de protección de testigos WITSEC, diseñado para garantizar seguridad a quienes participan en procesos judiciales sensibles.
El proceso no es menor. Las autoridades estadounidenses subrayan que estas solicitudes deben ser canalizadas exclusivamente por abogados federales registrados en Estados Unidos, quienes actúan como intermediarios ante el sistema judicial.
En paralelo, las acusaciones contra el senador mantienen presión política. De acuerdo con el documento, Inzunza habría fungido como enlace entre líderes de “Los Chapitos” y el exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, durante su etapa como secretario General de Gobierno.
El señalamiento va más allá. Se indica que participó en reuniones con integrantes del cártel, donde se habrían pactado acciones para favorecer y proteger sus operaciones a cambio de respaldo político.
Uno de los puntos más sensibles apunta al presunto control institucional. Según la acusación, estos acuerdos habrían permitido al grupo criminal influir en la Policía Estatal de Sinaloa, facilitando sus actividades ilícitas sin interferencia.
Frente a este escenario, Inzunza respondió con firmeza. Negó los señalamientos y afirmó que “rechaza con firmeza las imputaciones falsas”, al tiempo que defendió su trayectoria de más de 25 años en el ámbito judicial.
El senador también aseguró que acudirá a cualquier citación de autoridades mexicanas. Además, respaldó la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, reiterando su compromiso con la soberanía nacional y el Estado de derecho.
