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Vladimir Putin firmó una ley que autoriza el posible uso de las fuerzas armadas rusas en el extranjero para proteger a ciudadanos rusos sometidos a detenciones, arrestos o procesos judiciales fuera de Rusia.
La nueva legislación recibió previamente el respaldo de ambas cámaras del Parlamento ruso y posteriormente fue publicada en el portal oficial de información legal del país.
El texto establece “el posible empleo extraterritorial por decisión del presidente de la Federación Rusa de unidades de las Fuerzas Armadas para la defensa de ciudadanos rusos”. Bajo este esquema, Rusia podrá responder en terceros países cuando considere que ciudadanos rusos enfrentan acciones judiciales sin participación rusa y sin fundamento en tratados internacionales o resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.
La norma comenzará a aplicarse diez días después de su publicación en el boletín oficial.
El senador Andréi Klishás, presidente del Comité de Legislación Constitucional, defendió anteriormente que la medida busca prevenir riesgos y reforzar el prestigio internacional ruso, además de garantizar mayor protección a los compatriotas del país.
A su vez, Andréi Kartapólov, jefe del comité de defensa de la Duma, señaló que la reforma legislativa permitiría impedir escenarios similares al caso del arqueólogo ruso Alexandr Butiaguin, arrestado en Polonia a petición de Kiev por excavaciones realizadas en Crimea, anexada por Moscú en 2014 y considerada ilegal por Ucrania.
En abril de 2023, Rusia modificó la ley federal Sobre Seguridad para permitir al presidente “tomar medidas para la defensa de Rusia y sus ciudadanos” frente a decisiones de organizaciones extranjeras e internacionales contrarias a los intereses rusos.
Aquella reforma no especificaba los instrumentos disponibles para ejecutar esas medidas. Con la nueva legislación, el alcance queda definido y abre la puerta al empleo militar fuera del territorio ruso.
Especialistas consideran que la normativa también otorga cobertura legal a la protección de embarcaciones vinculadas con la llamada “flota fantasma” rusa mediante barcos de guerra.
Diversos medios internacionales han comparado esta ley con mecanismos existentes en Estados Unidos destinados a proteger a personal militar y funcionarios estadounidenses frente a procedimientos de la Corte Penal Internacional.
