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No se crea padrón gubernamental ni se recaban datos biométricos.
La asociación obligatoria de líneas celulares con personas físicas entró en vigor tras la aprobación de la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con el objetivo de reducir delitos como extorsión, fraude y secuestro virtual. Así lo explicó José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
El funcionario señaló que durante años la compra anónima de chips permitió el uso de líneas móviles para cometer extorsión, fraude, acoso y secuestro virtual, debido a la imposibilidad de identificar a la persona responsable de las llamadas denunciadas por las víctimas.
De acuerdo con Peña Merino, la activación múltiple de tarjetas SIM sin identificación facilitó el cambio constante de números para evadir a las autoridades, situación que colocó a México entre los pocos países donde la telefonía móvil de prepago careció de controles de identidad, lo que complicó investigaciones penales.
Ante este escenario, la legislación establece que cada línea celular quede asociada a una persona plenamente identificada, con el fin de inhibir el uso del anonimato como herramienta delictiva y fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades.
El procedimiento quedó a cargo exclusivo de las empresas de telefonía móvil, sin la creación de un registro centralizado en manos del gobierno. Los datos personales permanecen bajo resguardo privado conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales.
La norma fijó que los chips adquiridos antes del 9 de enero tienen plazo hasta el 30 de junio para completar la asociación, mientras que las nuevas líneas exigen el registro previo como condición indispensable para su activación.
El proceso contempla dos modalidades: presencial, con identificación oficial en centros de atención, y remota, mediante plataformas digitales que solicitan fotografías del documento y una prueba de vida para validar la identidad.
Peña Merino aclaró que las empresas no conservan imágenes ni datos biométricos, ya que el sistema solo valida nombre, CURP y número telefónico, mediante mecanismos similares a los usados por instituciones bancarias.
En caso de vinculación de una línea con un delito, las autoridades podrán solicitar información adicional únicamente bajo los supuestos del Código Penal Federal, sin acceso directo a registros comerciales.
Al corte del informe, el sistema acumuló 2,151,802 líneas asociadas, cifra que continúa en crecimiento conforme avanza el plazo legal.
