La Oficina de Derechos Humanos manifiesta su profunda preocupación por la reciente aprobación de una ley en El Salvador que obliga a personas y organizaciones que reciben fondos del extranjero a registrarse como “agentes extranjeros”.

Además —según la normativa aprobada por la Asamblea Legislativa el 20 de mayo— esas personas y entidades deberán pagar un impuesto del 30% sobre los fondos recibidos y se arriesgan a enfrentar fuertes sanciones si no cumplen con lo establecido.

La ONU advierte que esta ley contiene un lenguaje ambiguo y podría usarse para limitar indebidamente derechos fundamentales, como la libertad de expresión y la libertad de asociación.

Esto podría estigmatizar y poner en riesgo el trabajo crucial que realizan muchas organizaciones de la sociedad civil en defensa de los derechos humanos.
Algunas de ellas podrían incluso verse obligadas a suspender sus actividades.