¡Síguenos!El Departamento del Tesoro deberá emitir lineamientos y alertas en menos de 90 días.
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El presidente de Estados Unidos, firmó el 19 de mayo de 2026 una orden ejecutiva titulada “Restoring Integrity to America’s Financial System”, una medida enfocada en reforzar la vigilancia del sistema financiero estadounidense frente a actividades ilícitas vinculadas con transferencias internacionales, fraude financiero y créditos otorgados a personas sin autorización laboral.
La disposición instruye a las instituciones financieras del país a fortalecer sus programas de identificación de clientes, aumentar la supervisión de operaciones consideradas sospechosas y endurecer los mecanismos de verificación relacionados con cuentas bancarias, préstamos y servicios crediticios.
De acuerdo con el documento oficial, la administración estadounidense argumenta que ciertas operaciones transfronterizas de bajo monto han sido utilizadas para financiar actividades ilegales como narcotráfico, trata de personas, lavado de dinero y financiamiento terrorista. El texto también menciona análisis financieros relacionados con redes criminales vinculadas al tráfico de fentanilo y estructuras de lavado operadas por organizaciones extranjeras.
La orden establece que, dentro de un plazo de 60 días, el Departamento del Tesoro deberá emitir una advertencia formal dirigida a bancos y entidades financieras sobre riesgos asociados con personas sin autorización laboral y empleadores que incumplan leyes migratorias o fiscales.
Entre los principales focos de supervisión aparecen esquemas de evasión de impuestos sobre nómina, uso de empresas fachada, plataformas de pago no registradas, movimientos bancarios fragmentados y utilización de números ITIN para solicitar créditos o abrir cuentas sin un estatus migratorio verificado.
El documento también solicita revisar los riesgos crediticios asociados con hipotecas, préstamos automotrices, tarjetas de crédito y otros financiamientos otorgados a personas que podrían enfrentar pérdida de ingresos por procesos migratorios o deportaciones.
Además, la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor deberá analizar posibles ajustes regulatorios relacionados con la capacidad de pago de solicitantes considerados sin autorización laboral. Paralelamente, reguladores financieros federales emitirán nuevas directrices para bancos y cooperativas de crédito.
La orden ejecutiva señala que las medidas deberán implementarse conforme a la legislación vigente y aclara que el documento no crea derechos legales exigibles contra el gobierno estadounidense.
